
Salpica a U. de Chile: Declaran admisible querella por fraude contra Michael Clark por caso Sartor
El presidente de Azul Azul, Michael Clark, junto a otros ejecutivos del Grupo Sartor son acusados de fraude financiero y estafa en una querella admitida por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.
Malas noticias para Michael Clark. El presidente de Azul Azul, junto a varios ejecutivos del Grupo Sartor, están en el ojo del huracán luego de que se declarara admisible una querella en su contra por delitos financieros.
La acción judicial, presentada el 7 de marzo y admitida el 11/03, acusa a los imputados de idear un esquema fraudulento que habría desviado fondos de inversiones hacia Sartor S.A., sin la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). A continuación, un análisis de los puntos clave de este escándalo.

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Michael Clark: el rostro de la polémica
Michael Clark, presidente de Azul Azul, es uno de los principales acusados en este caso, enfrentando cargos por estafa y administración desleal. La querella lo señala como pieza clave en el esquema financiero fraudulento que habría engañado a los inversionistas.
Según el escrito, Clark y otros ejecutivos utilizaron su posición para ofrecer un producto de inversión denominado "CAI", que, aunque parecía beneficioso, era en realidad una estrategia para apropiarse del dinero de las víctimas.

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El escándalo afecta directamente a Azul Azul, la sociedad anónima que controla a Universidad de Chile. Michael Clark, como presidente de la institución, está en el centro de la tormenta, lo que genera preocupación tanto en los aficionados como en los accionistas.
La situación pone en duda la estabilidad de la gestión de Clark al mando de uno de los clubes más importantes de Chile. La querella podría tener repercusiones no solo en el ámbito financiero, sino también en el deporte.

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Grupo Sartor: el engranaje detrás del fraude
El Grupo Sartor, vinculado a los ejecutivos acusados, es señalado como el principal beneficiario del esquema fraudulento. Sartor S.A., según la querella, habría recibido dinero de las inversiones realizadas por las víctimas, sin estar regulada por la CMF.
Esto permitió a los involucrados realizar movimientos financieros sin supervisión, aprovechándose de su conocimiento en el área y de la confianza de los inversionistas. La querella también apunta a que los querellados lograron ocultar el destino final de los fondos, desviándolos hacia beneficios personales.
A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre la magnitud del fraude y las implicaciones legales para los involucrados.